De esta forma, si bien el procedimiento sostiene que la opinión de la querella no es vinculante, la práctica indica que debe solicitarse la opinión a la familia de la víctima. “Piden autorización por la pena, porque acordaron entre la defensa y la fiscalía”, señaló. “Presentaron un escrito con un pedido de autorización a César Sotelo, fiscal General para llegar a un acuerdo de juicio abreviado pleno: acordó con fiscalía, sin considerar a la querella”, expresó la abogada. Y aseguró que si bien el nuevo Código Procesal Penal no hace mención respecto cómo se aplica este recurso en casos de femicidio, “nuestra ley de leyes que es la Constitución Nacional sostiene que debe considerarse la opinión de la víctima” o en este caso, su familia. Hoy nuestra herramienta más rápida es que los medios hagan llegar esta información al fiscal general la opinión de las víctimas, para que sea escuchada, tenemos convenciones internacionales que deben respetarse”, agregó. “No quiero atacar el gran trabajo realizado por la fiscal que se movió excelentemente hasta ahora: notificarnos no significa que nos estén pidiendo la opinión”. Y sostuvo que este recurso les parece desproporcionado, injusto y desigual: “Estamos enojados”. Asimismo, sostuvo que en 5 días tendrán que debatir si el juez da vía libre a lo que está pidiendo la fiscalía y la defensa del imputado: “Espero que el fiscal general rechace este pedido, porque no pudimos presentar el escrito”. Destacó que este recurso no puede ser aplicado porque faltan pruebas fundamentales. Cuando hay juicio abreviado se va a debatir con las pruebas existentes hasta ahora y establece una pena de manera anticipada por las dos partes: fiscalía y defensa. Faltan pruebas biológicas, autopsia preliminar, faltan saber en qué circunstancia se cometió el hecho y exigen material probatorio. “Pero en realidad, por la muerte de Griselda se debe aplicar prisión perpetua, por su conducta ilegítima, ilegal y contra derecho”, sostuvo. Solicita autorización porque la pena es menor a la mitad, si fuera mayor a la mitad no necesitaría pedir permiso al fiscal general. “Lo lógico es que la fiscal hubiese tenido empatía con la familia de la víctima; en esta la fiscal se equivocó, se están vulnerando derechos y las víctimas no están siendo escuchadas”. Y respecto de la respuesta de fiscal María José Barrero Sahagún, la explicación de ella fue muy corta: “que los habían notificado del pedido de autorización y ella entendía que los plazos estaban cumplidos”. Rescató que para la sociedad quede claro que hay alguien que se está mostrando como responsable del hecho; no tenemos precedentes de una situación igual, “no debería entrar con la categoría de juicio abreviado”.