El hecho fue inicialmente investigado por la fiscal de Instrucción doctora Alejandra Talamona, y tramitó ante el Juzgado de Instrucción (actual de Garantías) a cargo del doctor Martín Vega, a partir de la denuncia efectuada por la empresa damnificada LANDVER S.A., que se constituyó en actor civil y propuso la aplicación de diversas medidas cautelares contra el procesado.

Hecho acusado

La Fiscalía intentará probar que el acusado Rómulo A. Bobbio, en representación de Balboa y Bobbio SRL firmó un contrato de consignación de venta de ganado vacuno, tomando en consignación la cantidad de 1966 cabezas de ganado bovino de propiedad de LANDVER S.A., que se encontraban en el establecimiento ganadero Buena Vista y que, por venta del inmueble, debían ser trasladados al establecimiento SANTA ANA DEL TREBOL ubicado en la Primera Sección del Departamento Curuzú Cuatiá, propiedad del acusado, hasta el momento de su venta. Una vez vencido el plazo acordado, el acuerdo se renovó en dos ocasiones. Luego del último vencimiento, no habiendo surgido novedades sobre hacienda ni su venta, sumado a varios incumplimientos relacionados al ganado; la empresa intimó en reiteradas ocasiones al procesado por la restitución de la hacienda entregada en administración o su monto en dinero; sin obtener respuestas del mismo. Así el apoderado de LANDVER S.A. se presentó junto a un Escribano para verificar la hacienda en el establecimiento rural, ocasión en la que Bobbio impidió el retiro del ganado, lo que quedó plasmado en actuación notarial. Días más tarde, por medio de allanamientos practicados por la Unidad de Policía Rural, pudo comprobarse la inexistencia de casi la totalidad de las cabezas de ganado, las que habrían sido sacadas del establecimiento rural por quien se encontraba encargado de su cuidado y administración. Se estima el perjuicio en la suma aproximada de $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) a la fecha del hecho, ocurrido presuntamente en 2019.-

Debate

Este martes, con el requerimiento de elevación a juicio, el Tribunal Oral Penal conformado por los Dres. Jorge Alberto Troncoso como Presidente, Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, como vocales; dará inicio al debate oral que se desarrollará en varias audiencias que tendrán a los representantes de la firma damnificada LANDVER S.A., a responsables del transporte de la hacienda presuntamente defraudada, a varios encargados de la vacunación de los mismos, entre entre otros.

El Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Oscar Cañete, fiscal subrogante de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal, impulsa la acción penal por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7° del Código Penal. El acusado junto al Defensor Oficial subrogante, Dr. Gustavo Grinberg, también es demandado en el mismo proceso por el actor civil Dr. Matias Mosca Tressens, en representación de la damnificada LANDVER S.A. por una indemnización del daño estimada provisoriamente en $50.000.000 (pesos cincuenta millones) a 2019, actualizados a dos millones de dólares aproximadamente. La defensa, en cambio, encamina su posición en negar la veracidad del convenio y por tanto la responsabilidad de su asistido.