El juicio oral y público por la muerte del joven correntino Lautaro Rosé dará inicio el próximo 16 de febrero de 2026, en la ciudad de Corrientes.

Seis efectivos policiales del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R) se encuentran imputados por los delitos de "Abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte prevé una pena de 5 a 15 años de prisión. El delito de severidades prevé una pena de 1 a 5 años y el de Incumplimiento de los deberes una pena de 1 a 2 años de prisión.

El debate se desarrollará ante un nuevo Tribunal, que estará conformado por la doctora Ana del Carmen Figueredo como presidenta, y por los vocales doctor Darío Alejandro Ortiz y doctora Mercedes Leconte.

El caso

El hecho que será objeto de juzgamiento ocurrió en la madrugada del 7 de noviembre de 2021, cuando Lautaro Rosé y un amigo fueron perseguidos por personal policial en la zona ribereña de la capital correntina.

Según la investigación, los jóvenes fueron acorralados por efectivos de la Policía de Corrientes, lo que llevó a ambos a lanzarse al río Paraná para intentar escapar. Lautaro, que no sabía nadar, pidió ayuda mientras se encontraba en el agua, pero no recibió auxilio de los agentes. Por el contrario, habrían efectuado disparos al aire por encima de su cuerpo mientras el joven luchaba por mantenerse a flote.

De acuerdo con el expediente judicial, los policías se retiraron del lugar sin brindar asistencia, agredieron al amigo que lo acompañaba y lo amenazaron para que no hablara. Tampoco realizaron actas sobre lo sucedido, lo que la querella considera un intento de encubrimiento.

El cuerpo de Lautaro fue hallado tres días después, a pocos metros del sitio donde desapareció, por un grupo de amigos que participaba de su búsqueda.

Los imputados

En la causa están imputados seis efectivos de la Policía de Corrientes: Carlos Prieto, Juan Aveiro, Sergio Iván Barberán, Omar Aguirre, Maximiliano Romero y Vicente Pruyas, acusados de diversos delitos relacionados con el hecho.

El proceso judicial permitirá determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados en un caso que generó gran conmoción social en la provincia.