El pasado miércoles 6 de agosto, el Juzgado de Garantías de Goya resolvió revocar el beneficio de ejecución condicional de una pena de prisión impuesta a un hombre condenado por los delitos de amenazas y desobediencia judicial, en una causa por violencia de género.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Sustituto, doctor Jorge Claudio Venialgo, luego de recibir el legajo desde el Juzgado de Ejecución Penal, que acreditó el incumplimiento reiterado de las reglas de conducta impuestas al condenado.

El imputado, José Gabriel Arrieta, había sido condenado en 2024 mediante un juicio abreviado pleno a un año y seis meses de prisión en suspenso, por resolución del entonces juez de Garantías, doctor Darío Ortiz.

Ante la persistente violación de las condiciones fijadas en aquella sentencia, y en cumplimiento del artículo 460 del Código Procesal Penal, se celebró audiencia con todas las partes intervinientes: la fiscalía, la defensa, la víctima y el propio imputado. Tras analizar los antecedentes, la prueba y los informes incorporados al legajo, el juez Venialgo resolvió revocar la condicionalidad de la pena y ordenar su cumplimiento efectivo.

La modalidad de cumplimiento dispuesta fue la de prisión domiciliaria, con colocación de dispositivo electrónico de control y vigilancia periódica policial, en el domicilio declarado por el condenado en la localidad de Lavalle.

La resolución también ordenó la realización de un examen psicológico por parte del Cuerpo Médico Forense, a fin de evaluar la continuidad o la necesidad de iniciar un tratamiento, en cumplimiento de lo establecido en la sentencia original.