En la audiencia de debate sobre la determinación de la pena –art. 342 del CPP de Corrientes-, el Ministerio Público Fiscal representado por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia requirió la imposición de la pena de 14 años de prisión para C.G. –padre de la menor víctima- y de 7 años y 6 meses para J.M.G. – tía de la menor-.

A su turno las defensas Oficial ejercida por la Dra. Julieta Lacroze –J.M.G.- y particular del doctor Federico Obieta –por C.G.- requirieron al Tribunal la aplicación del mínimo de pena prevista para los delitos en los que se halló responsable a cada uno.

Finalizados los alegatos y luego de otorgar la posibilidad de las últimas palabras a los responsables, el Tribunal pasó a deliberar sobre la aplicación de la pena.

La responsabilidad penal

El pasado martes los magistrados habían hallado responsables a los acusados por los delitos de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO en carácter de autor (art. 119 tercer y cuarto párrafo inc. b, del Código Penal Argentino y 10 del Código Procesal Penal) para el padre de la víctima V.L.M.G.; con una pena que oscila entre los 8 y 20 años; y por los delitos de REDUCCION A LA SERVIDUMBRE y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD en CONCURSO IDEAL (arts. 45, 54, 140 y 141 del Código Penal Argentino y 10 del Código Procesal Penal), para la tía de la víctima, con una posible pena de 4 a 15 años.

Si bien los tipos penales establecen tales penas, conforme el planteo fiscal los máximos se vieron limitados a 14 años para el primer caso y a 7 años y 6 meses para el segundo caso, debiendo el Tribunal fijar las penas bajo ese parámetro punitivo -art. 349 del CPP de Corrientes-.

El monto de la pena

Luego de deliberar el Tribunal emitió su veredicto por el que dispuso la aplicación de la pena de diez años de prisión para el padre de la víctima y de seis años de prisión para la tía.

La explicación del Tribunal

En la explicación sucinta que prevé la ley –art 342 último párrafo del CPP de Corrientes-, el Presidente Dr. Jorge Alberto Troncoso, explicó los fundamentos que motivaron la decisión. A esta razón el Tribunal tuvo en cuenta como elemento de atenuación el nivel y ámbito socio-cultural de los responsables, nacidos y criados y actualmente residiendo en el ámbito rural y de escasa formación. No compartiendo a este tenor los motivos expuestos por el acusador público que señaló esta característica como agravante para la imposición de la pena.-