En la Sentencia N° 20 de este 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena impuesta a dos hombres por portación ilegal de armas y rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas de los imputados, ratificando las medidas adoptadas en la Sentencia N° 70/24 dictada por el Juez de Juicio Unipersonal de la III Circunscripción Judicial.

El fallo ratifica la firmeza del accionar judicial frente a delitos que atentan contra el patrimonio natural y la legalidad en el manejo de armas.

El Hecho

El 21 de mayo de 2022, alrededor de las 14:00 horas, los dos hombres fueron interceptados en una chacra ubicada en la cuarta sección del Departamento Sauce, Corrientes. Según los antecedentes probados en autos, los acusados se encontraban en el lugar vestidos con ropa camuflada y portando diversos elementos utilizados para la caza, entre ellos dos armas de fuego preparadas para disparar, de las cuales una estaba equipada con un supresor (silenciador).

La investigación determinó que, sin contar con la autorización expresa y escrita del propietario de la finca, los imputados iniciaron la persecución de un animal silvestre, lo que motivó la acción penal en su contra.

Dictamen del Ministerio Público Fiscal

Luego de un exhaustivo análisis del fallo en contraparte de los agravios expuestos por los recursos de casación, el Fiscal General, Doctor César Pedro Sotelo, se pronunció en el dictamen fiscal. En sus palabras se afirmó: “dictamina se rechacen los recursos de casación impetrados.”

Esta declaración reafirma la posición del Ministerio Público en cuanto a la solidez de la fundamentación del fallo y a la correcta valoración de las pruebas reunidas durante la investigación y el juicio.

Fundamentación del Fallo

Durante el análisis del caso, el tribunal examinó con detalle los agravios presentados por las defensas, que cuestionaban tanto la fundamentación del fallo como la supuesta vulneración de garantías constitucionales y del principio de congruencia. Entre los argumentos defensivos se destacó la controversia en torno a la tipificación de los delitos, la presunta atipicidad en la conducta y las alegadas irregularidades en la investigación penal preparatoria.

No obstante, el tribunal sostuvo que las pruebas producidas durante el juicio, sumadas a la valoración de los elementos probatorios, permitieron acreditar la autoría de los hechos y la ilicitud de la conducta de los imputados, rechazando la excepción de nulidad y los cuestionamientos procesales presentados.