Ayer, desde las 19.30 se realizó en la Oficina Judicial de Goya la audiencia de medida de coerción donde el juez de Garantías, doctor Darío Ortíz hizo lugar al pedido de prisión preventiva de los dos policías, Santiago Emiliano Molina y Sergio Matías Maciel solicitado por la fiscal doctora María Eugenia Ballará quien los imputó por HOMICIDIO AGRAVADO, por el crimen del joven de 37 años Andrés Bartlett sucedido el domingo en esa localidad.

La audiencia duró dos horas y la parte querellante se sumó al pedido del Ministerio Público Fiscal.

La prisión preventiva la decidió el juez por tiempo indeterminado según lo establecen los artículos 237 y 242 del Código Procesal Penal.

De la audiencia participaron los padres y hermanos de la víctima, los dos policías que en ese momento estaban demorados administrativamente y ahora están detenidos y alojados en Corrientes lo hicieron vía remota y tres abogados defensores.

El juez Ortíz explicó que decretó la prisión preventiva porque “se dan los dos riesgos procesales que son el de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”, indicó el magistrado.

La defensa no discutió la materialidad del hecho y la posible participación de los imputados en el mismo por lo que el juez solo evalúo los riesgos procesales y tomó esa decisión.

Lugar de detención

La Resolución por la que se hizo lugar a la prisión preventiva es la N° 896/24 donde se decidió la inmediata detención de los imputados que continuarán alojados en su actual lugar de alojamiento, sito en Dirección General de Lucha Contra el Fuego de Corrientes Capital.

Los fundamentos del juez

El doctor Ortíz afirmó en la resolución que “estimo que existen suficientes indicios como para tener por configurado los riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación, teniendo presente para ello el contexto en que sucedió un hecho de suma gravedad, la expectativa de pena de prisión perpetua, la circunstancia de ser funcionarios policiales, los indicios que se mencionaron en cuanto a conductas obstaculizadoras como ser falsear el hecho en la comunicación a la señora fiscal, la concurrencia al domicilio de testigos, la prohibición de filmar o que trascienda dicha filmación, todo lo cual se analiza de manera conjunta y concatenada”, indicó para justificar su decisión.