Este miércoles en audiencia fijada por la Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Gerardo Humberto Cabral, a cargo de la UFIC-Rural Mercedes, presentó para su homologación un acuerdo de juicio abreviado pleno (art. 375 del CPP) al que arribó junto a la Defensa por un hecho calificado como CAZA FURTIVA DE ESPECIE PROHIBIDA REALIZADA CON MEDIOS PROHIBIDOS Y MALTRATO ANIMAL EN CONCURSO REAL (art. 25 ley 22421 y art 1 y 3 inc. 7 ley 14346).

Durante el desarrollo de la audiencia, el titular de la acción penal pública, expuso los términos del acuerdo y la conformidad prestada por los dos imputados asistidos de su defensa ejercida por el doctor Fernando Javier Carruega.

El caso se inició en fecha 31 de julio del corriente año, cuando en ocasión de transitar la Ruta Nacional N° 123 en su intersección con la Ruta Provincial N° 29 en el Departamento de Mercedes; la Unidad Especial PRIAR de Mercedes, en un control público de prevención; interceptó a los imputados en un vehículo de su propiedad con catorce aves de la especie “cardenal amarillo”; que se encontraban encerradas en jaulas, causándoles así un sufrimiento innecesario al ser privadas de su hábitat natural. Por esto la autoridad policial procedió al secuestro de las aves y a la aprehensión de los imputados por el supuesto de flagrancia (art. 228 del CPP).

Esta especie de ave cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), de la que se cuenta con escasos ejemplares a nivel nacional, se considera en peligro de extinción, por tanto su caza se encuentra prohibida. Así durante los días que duró la investigación, los catorce cardenales secuestrados fueron liberados por el Ministerio Fiscal en una acción conjunta con la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia; en la zona rural del Departamento de Mercedes.

La doctora Benasayag homologó el acuerdo arribado por las partes, luego de cerciorarse que los imputados prestaron su conformidad en forma libre y voluntaria, entendieron los términos del acuerdo y sus consecuencias y conocían su derecho a exigir el juicio oral. Finalmente dictó condena contra los imputados a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación especial por cinco años para llevar adelante la actividad cinegética, ordenando su inmediata libertad; y el cumplimiento de reglas de conducta.