En la localidad de Santo Tomé el hermano de una mujer adulta que padece deterioro neurocognitivo severo/moderado solicitó una medida cautelar para asegurar sus bienes. Por ello, la Jueza Civil Com. Familia, Niñez y Adolescencia doctora María Dionicia Zovak, dispuso la inhibición general de estos bienes a fin de resguardar su patrimonio y evitar situaciones de desamparo judicial.

En el pedido realizado se solicitó también la internación involuntaria de la mujer, pero en cuanto a esto refiere, la Jueza argumentó que la medida no es recomendada por el psiquiatra forense, quien indicó que la señora requería cuidados de terceros para su evolución con tratamiento psiquiátrico y controles médicos regulares.

En este sentido, se recuerda que la internación involuntaria debe ser considerada como un recurso terapéutico excepcional y restrictivo, y solo puede llevarse a cabo en situaciones de riesgo cierto e inminente para sí misma o para terceros. Se destaca que el rol del juez en estos casos es tutelar los derechos de la persona involucrada, según lo establecido en el artículo 41 del Código Civil y Comercial. El juez solo “aprueba” la internación, no la decide, y su función es garantizar los derechos de la persona en cuestión.

Siendo así que en este complejo entramado legal que rodea las situaciones de internación involuntaria, el papel del juez emerge como un garante fundamental de los derechos y la dignidad de las personas afectadas. Si bien no decide directamente sobre la internación, su intervención es crucial para asegurar que se respeten los principios fundamentales de justicia y protección de los individuos.