En medio del tironeo por la Ley Ómnibus y en su insistencia por sostener el plan de ajuste fiscal, hay una medida que podría mejorar las cuentas públicas por el lado de los ingresos, pero que también podría impactar de lleno sobre el bolsillo. Se trata de la actualización del impuesto a los combustibles, que se encontraba congelado desde 2021, y los referentes del sector estiman que podría representar un aumento del 11% sobre los precios actuales en el surtidor. El impuesto a los combustibles fue creado mediante la ley 23.966, sancionada en 1998, con el objetivo de financiar fondos de viviendas e infraestructura en todo el país. Se trata, en realidad, de dos tributos, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de Carbono, e impone montos fijos que se van actualizando en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC cada tres meses. El Gobierno tomó la decisión de suspender la aplicación del impuesto desde el primer trimestre de 2021 para evitar el aumento sistemático en el precio de los combustibles en un contexto inflacionario. Sin embargo, esa determinación se extendió en el tiempo y la última disposición oficial al respecto -que se publicó en noviembre del 2023- establecía que el congelamiento quedaría vigente hasta el 1 de febrero de 2024. “El congelamiento en los impuestos al combustible es una medida que implica que el Estado resigna la recaudación de estos impuestos para lograr una mejor competitividad en los precios y evitar mayores costos para los ciudadanos”, justificó el Ejecutivo en esa última decisión que fue publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, el Gobierno puede “no renovar” ese congelamiento, lo cual se traducirá en un aumento de los precios de las naftas, ya que el componente impositivo suele trasladarse automáticamente a los precios. Según referentes del sector, en caso de que el Ejecutivo defina actualizar el impuesto, el impacto rondaría el 11% adicional sobre los valores actuales.