El Superior Tribunal de Justicia, mediante Acuerdo Extraordinario de ministros N°9/23 aprobó el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual del Ejercicio Financiero 2024 y sus proyecciones para los Ejercicios 2025 y 2026 del Poder Judicial. El total previsto para 2024 es de $92.631.953.599 (pesos noventa y dos mil seiscientos treinta y un millones novecientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y nueve). Para el año 2025 la proyección de gastos es de $125.053.137.359 (pesos ciento veinticinco mil cincuenta y tres millones ciento treinta y siete mil trescientos cincuenta y nueve). Y para el año 2026 la proyección de gastos es de $160.068.015.819 (pesos ciento sesenta mil sesenta y ocho millones quince mil ochocientos diecinueve). Defensa de la autarquía financiera Por otra parte, el Superior Tribunal, a través de la Resolución N° 661/23, hizo saber al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que en la discusión y tratamiento del Presupuesto del Poder Judicial se debe garantizar su independencia y principalmente la autarquía financiera que establece la Constitución Provincial y la Ley Provincial N°4420. Los ministros y el Fiscal General, aclararon en los Considerandos que no se trata de un reclamo de mayores fondos, sino que está en juego el respeto en el manejo de su propio presupuesto. Esto es así porque el artículo 192 de la Constitución de la Provincia establece que el Poder Judicial tiene autarquía financiera y participa de los Recursos Generales del Presupuesto Provincial en el porcentaje que determine la Ley. Y la norma indica que es el Superior Tribunal quien tiene que presentar al Poder Ejecutivo de gastos de la administración de Justicia y aquél deberá enviarlo a las Cámaras con las observaciones que considere. El Superior Tribunal de Justicia señaló que “lo que se trata de lograr es una planificación económica-financiera eficiente, para ejecutar el Plan de Obra, adquirir los equipamientos informáticos, mobiliarios y enfrentar los gastos corrientes que demandan la gestión de las necesidades del servicio”. Aclaró además que “Con los recursos asignados al Poder Judicial se planifican los proyectos estructurales (como ser refacciones, ampliación de edificios, la creación de nuevos organismos, inversión en nuevas tecnologías), para el mejor funcionamiento y para hacer efectivo los Códigos Procesales, la puesta en funcionamiento de los nuevos tribunales aprobados y creados por la propia legislatura con la promulgación del Poder Ejecutivo Provincial”. Por último, indicó que “ todo lo señalado, constituye una cuestión esencial y se vincula con la independencia del Poder Judicial, porque refiere a uno de los principios rectores sobre los que constitucionalmente reposa la división de poderes que sustenta el sistema republicano de nuestro país y en términos financieros la independencia del Poder Judicial, se torna efectiva, sólo cuando este Poder del Estado puede disponer plenamente de recursos presupuestarios suficientes para el ejercicio de sus facultades de gobierno del Poder Judicial Provincial”.