María, manifestó en su demanda que llegó al juzgado cansada de vivir en casa de familiares y amigos durante tres meses y en situación de alta vulnerabilidad. Explicó que desde que decidió poner fin a una relación de muchos años marcada por la violencia y las más altas restricciones a su libertad quedó sin posibilidades de pagar un alquiler y tuvo que dejar el hogar compartido porque no era de su propiedad. Comentó que su estado de salud, que no es óptimo y su edad, la dejan fuera del mercado laboral ya que tuvo que abandonar su carrera universitaria y no pudo trabajar por las prohibiciones de su ex pareja. En este marco la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, doctora Carolina Macarrein luego de un estudio integral de la causa decidió hacer lugar a la solicitud de la mujer y ordenó a su ex pareja a abonar la suma correspondiente a 36 salarios Mínimo Vital y Móvil en concepto de compensación económica. Desde el mes de septiembre de 2023 el Salario MVM se fijó en $118.000 (ciento dieciocho mil pesos) por lo que si debería efectivizar hoy el pago ascendería a la suma de 4.248.000 (cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos). Relación asimétrica y denuncia por violencia El hombre es retirado de la Prefectura Naval Argentina, con una antigüedad de 25 años, por lo cual percibe una remuneración mensual. La mujer lo denunció por violencia con anterioridad y el mismo juzgado dispuso una restricción de acercamiento. En lo informes psicológicos se establece que existió una relación asimétrica y conflictiva entre ellos traducida en un cercenamiento de la red social de la mujer y celos desmedidos, con signos de violencia verbal, psicológica, económica y física en los últimos años. Además, luego de tanto tiempo, María naturalizó la negatividad de la interacción y ahora padece consecuencias como angustia, baja autoestima, sentimientos de temor e indefensión. El fallo de la jueza Para establecer la compensación económica la magistrada tuvo en cuenta que el hombre posee un sólido ingreso económico, respaldado por la experiencia y desarrollo curricular y, por el contrario, la mujer, a lo largo de la vida en común, no trabajó nunca porque su pareja le impedía o al menos le dificultaba esa posibilidad. Por ello vivió siempre a expensas de lo que su conviviente “le diera” para la casa y para sí. “El desequilibrio patrimonial de María se ha ido consolidando a lo largo de la unión convivencial y se ha acentuado a extremos casi de inhumanidad luego de la ruptura convivencial”, afirmó la doctora Macarrein. Y agregó que la relación con su ex pareja “fue en detrimento de su independencia individual, que generó su actual situación de desempleo, de desamparo habitacional, de salud y de libertad”, remarco la jueza. La compensación económica Dadas las consecuencias negativas en el presente de María que trajo aparejado lo vivido en los años de convivencia, la doctora Macarrein consideró que corresponde abonarle la suma de 36 salarios MVM. Esto es así porque el objetivo del instituto de la compensación “es que el nivel de vida de los esposos no se vea alterado en relación con el que mantenían durante la convivencia, en virtud de que uno de los cónyuges no puede descender en su condición económica mientras que el otro mantiene idéntica situación que antes del divorcio”, especificó la jueza de Familia. Lo que se busca con la compensación económica es la protección del cónyuge o conviviente más vulnerable, para que pueda lograr su independencia económica hacia el futuro por haberse acabado el proyecto de vida en común y con base en la solidaridad pos conyugal o convivencial.